Gobierno del Estado busca imponer sanciones pese a no existir lineamientos claros sobre el uso de polarizados en vehículos
En Sinaloa, el tema del polarizado en los vehículos se ha convertido en un nuevo frente de tensión entre la ciudadanía y el Gobierno del Estado. Desde hace semanas se ha advertido que se impondrán multas a los conductores cuyo automóvil no cumpla con la norma, pero hay un detalle que hace que este anuncio sea, cuando menos, cuestionable: la norma no existe.
De acuerdo con la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial de Sinaloa, debía emitirse un reglamento que estableciera con precisión qué grado de polarizado es permitido y cuál no. Sin embargo, a pesar de que la ley fue publicada hace casi siete años, el Ejecutivo estatal nunca lo expidió. El plazo era de apenas 180 días después de su publicación, pero hasta hoy sigue pendiente.
En la práctica, esto significa que no hay parámetros legales claros para que un agente de tránsito determine si un polarizado es legal o no. La decisión queda, literalmente, al “ojo de buen cubero” del policía que te detenga, lo que abre la puerta a una aplicación arbitraria y discrecional de la ley.
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Además, se ha advertido que distintas corporaciones, desde policías estatales hasta la Guardia Nacional o incluso la Marina, podrían detener a los conductores. Sin embargo, solo el agente de tránsito está facultado para levantar un acta de hechos por este motivo. Y a diferencia de lo que muchos ciudadanos creen, los agentes de tránsito no pueden imponer infracciones de manera directa: únicamente levantan un acta que después debe ser remitida a un juez calificador, quien en un plazo de al menos cinco días hábiles podría imponer la sanción.
El problema se agrava porque, al no existir reglamento, tampoco hay un mecanismo de defensa para el ciudadano. Es decir, no hay claridad sobre qué excepciones o argumentos se pueden presentar ante un juez para evitar la multa.
Diversos especialistas consideran que esta medida tiene un fondo recaudatorio. En medio de la crisis económica y la baja en la recaudación estatal, el gobierno parece recurrir a los conductores como fuente de ingresos adicionales. Cada detención, además, implica la exigencia inmediata de mostrar licencia de conducir y tarjeta de circulación, lo que incrementa la presión sobre quienes no han podido ponerse al corriente en sus trámites vehiculares.
Lo más preocupante, señalan analistas, es que se trata de una conducta represora disfrazada de medida de seguridad. Al no existir criterios técnicos ni jurídicos claros, los ciudadanos quedan expuestos a una aplicación arbitraria de la autoridad, y con ello, al riesgo de caer en actos de corrupción.
La recomendación de especialistas es clara: en caso de recibir un acta de hechos por polarizado, lo mejor es acudir al Tribunal de Justicia Administrativa y solicitar la nulidad de la sanción. Este es, hoy por hoy, el único camino legal de defensa frente a un vacío normativo que no es culpa del ciudadano, sino de una omisión histórica del gobierno estatal.
