Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Chocó desata una crisis humanitaria y pone a prueba al nuevo gobierno entre la devastación, el colapso de infraestructura y discrepancias en las cifras oficiales.
La tragedia ha golpeado con fuerza implacable a Colombia. Un violento terremoto de magnitud 7.4 sacudió al país este lunes, convirtiéndose en el movimiento telúrico más potente registrado en lo que va del siglo. Con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el marginado departamento del Chocó, y una profundidad aproximada de 90 kilómetros, el sismo ha dejado hasta el momento un saldo preliminar de 132 fallecidos, 188 desaparecidos, 570 heridos y 86 edificios colapsados, además de miles de viviendas destruidas y servicios básicos colapsados en al menos medio país.
Descoordinación institucional y cifras encontradas
Apenas a 72 horas de haber asumido el poder e instalado su administración, el presidente Abelardo de la Espriella enfrenta su prueba de fuego más severa. Sin embargo, la respuesta inicial del Estado ha estado marcada por la improvisación y discrepancias en los reportes: mientras el mandatario informó al mediodía sobre 111 decesos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) elevó la cifra a 132 por la tarde.
Diversos sectores atribuyen esta falta de sincronía a la ausencia de un proceso formal de transición con la administración saliente de Gustavo Petro, dejando a la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) sin una cabeza operativa consolidada al momento del desastre.
Cali y Pereira entre los escombros
Los estragos se concentran fuertemente en el litoral Pacífico y el Eje Cafetero. En Cali, ciudad que albergó la toma de posesión presidencial días atrás, el alcalde Álvaro Alejandro Eder Garcés confirmó el colapso de 40 edificios —incluyendo tres hospitales— y severos daños en más de 4 mil viviendas, además de registrar 188 personas desaparecidas.
Por su parte, en Pereira y Manizales la situación es crítica: cortes totales de energía, escasez de agua potable, telecomunicaciones precarias y regiones incomunicadas por derrumbes carreteros que dificultan la llegada de ayuda humanitaria desde Bogotá. Ante el peligro de desmanes, las alcaldías de las ciudades más golpeadas decretaron toque de queda.
Organismos de socorro advierten que el número de víctimas mortales podría superar el millar conforme avancen las labores de remoción de escombros. En respuesta, el presidente decretó el estado de emergencia nacional y asumió de manera directa las funciones de la UNGRD, mientras legisladores exigen la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para agilizar la reconstrucción.
Solidaridad internacional
Ante la magnitud de la catástrofe, la comunidad internacional respondió de inmediato. Gobiernos de América Latina como México y Brasil, así como naciones de Estados Unidos y Europa, ya anunciaron el envío de equipos especializados de rescate y asistencia humanitaria para mitigar una de las peores crisis contemporáneas de la nación sudamericana.
