Columna de opinión Martillo de Thor
Cuando me incorporé a las páginas de este medio como columnista en el año 2021, Andrés Manuel López Obrador aún disfrutaba del auge de popularidad tras la consolidación de su proyecto político. Tanto en los círculos del poder como en los espacios de análisis, reinaba la percepción de que su fórmula —una síntesis de liberalismo social, pragmatismo, populismo y aparente renovación de la esperanza popular— había desplazado de manera definitiva la hegemonía de los partidos de la derecha tradicional, el PAN y el PRI.
El ejercicio de la opinión pública abarca múltiples dimensiones, pero en el análisis de gobierno resulta metodológicamente útil identificar un contrapeso central: una visión del mundo específica que deba ser sometida al escrutinio, auditada y cuestionada con rigor. Durante años, ese contrapeso fue el consenso generado por la élite del primer ciclo del lopezobradorismo. Se trataba de un bloque de centroizquierda respaldado por importantes sectores del gran capital, tecnócratas de estilo corporativo y una clase de consultoría política dispuesta a adaptarse al nuevo régimen.
Aquel esquema promovía una postura moralmente permisiva y conscientemente cosmopolita. Pretendía combinar el multilateralismo en el exterior con la certidumbre de que una élite meritocrática podía guiar al país hacia la prosperidad y la cohesión social.
Desde una perspectiva analítica y técnica, objeté esa visión por razones de fondo y de diseño institucional. Frente a un discurso predominantemente secular, sostengo valores humanistas e institucionales; frente a posturas permisivas, defiendo la preservación del orden social; y desde la ingeniería de procesos, mantuve serias reservas ante decisiones estructurales como la migración sin controles, la legalización de la marihuana y, de manera crítica, la militarización de la seguridad pública y de la obra civil. ¿Un cuerpo castrense asumiendo tareas policiales, administrando infraestructura estratégica y gestionando altos volúmenes de gasto público sin contrapesos civiles? El riesgo sistémico era evidente.
En el plano estrictamente político, disentí de quienes sostenían que la oposición debía asimilar la narrativa oficial para sobrevivir. Asumir el libre mercado como simple ornamento dentro del libreto del poder era un error de diagnóstico. La nación requería —y requiere— una oposición seria, técnica y responsable. Al carecer de contrapesos eficaces, el ejercicio del poder se ve tentado a la extralimitación. Sin auditoría cívica, la autoridad pierde la noción del equilibrio institucional.
El colapso del consenso y el desencanto
A lo largo de los últimos ocho años, las fallas estructurales de ese consenso de élite han quedado al descubierto. El proyecto no previó los efectos secundarios de las políticas impulsadas desde la izquierda doctrinal; no calculó las desviaciones provocadas por la ambición partidista de sus cuadros operativos; y llevó la política de transferencias a un punto tal que, lejos de resolver problemas de fondo, dejó sectores vulnerables a la deriva. En el frente externo, cometió errores geopolíticos graves al asumir que el principal socio comercial de México, Estados Unidos, toleraría indefinidamente la degradación de la agenda bilateral de seguridad y comercio.
Sin embargo, al observar el desarrollo de esta crisis política, el escenario se ha vuelto opaco. Resulta complejo discernir qué visión del mundo requiere mayor oposición o en qué extremo se ubica la rectitud institucional. Cada facción política muestra vulnerabilidades severas, capturada por intereses de grupo o sometida a presiones cruzadas que desdibujan las fronteras de la ética pública.
Analicemos el populismo en el poder. Para diversos sectores críticos del régimen de López Obrador, los yerros de Morena representaban una oportunidad de reconfiguración. No obstante, en la presente administración de Claudia Sheinbaum (el denominado «segundo mandato» o AMLO 2.0), la gestión pública ha replicado los vicios anticipados por sus analistas: opacidad, prácticas de amiguismo y una crisis profunda derivada de la penetración del crimen organizado en estructuras locales. A esto se suma el escrutinio de agencias internacionales como la DEA y el gobierno estadounidense, que perciben una incapacidad técnica para frenar el tráfico de drogas y garantizar la seguridad transfronteriza.
En este punto la interrogante cobra vigor: ¿quiénes encarnan la solución y quiénes el problema? La respuesta se complica cuando se observa que múltiples actores vinculados a pasados actos de corrupción en el PRI y el PAN hoy se han integrado al partido oficial, perdonando sus historiales bajo la amnistía del discurso del poder.
La parálisis de las alternativas
Para un amplio sector de la ciudadanía, estos factores convierten al populismo oficial en una prioridad de contención. Sin embargo, pese a los desgastes, el morenismo mantiene su base social mediante esquemas asistenciales directos. Si bien la curva de aprobación de la actual jefatura del Ejecutivo muestra reducciones sistemáticas —superiores a los 20 puntos según mediciones de circulación nacional— y su margen de maniobra legislativa enfrenta mayores tensiones, el régimen conserva la inercia institucional. Las desviaciones del pasado no se corrigen con facilidad, pero el antipopulismo por sí solo no constituye un proyecto de nación.
Las alternativas opositoras tampoco ofrecen certidumbre. Los remanentes del PAN y el PRI, cuyos vicios del pasado parecen moderados únicamente en comparación con los excesos del presente, continúan sin procesar las causas de su derrota. Tras el proceso electoral de 2024, no se aprecia la articulación de un modelo de gobernanza capaz de superar la lógica clientelar o de recuperar la confianza ciudadana con propuestas técnicas e integrales.
Por otra parte, la opción de respaldar la vertiente más radical del progresismo social plantea sus propios riesgos. Tras haber atestiguado las deficiencias de los gobiernos del PRI —de origen revolucionario y corporativo— y del PAN —de corte humanista pero con fallas de gestión—, la experiencia reciente bajo gestiones locales y federales de Morena evidencia indicadores preocupantes en materia educativa, de seguridad pública y de transparencia. Entregar el control normativo, presupuestal y judicial a posiciones ideológicas extremas no garantiza la eficacia del Estado.
Este escenario de fragmentación se desarrolla, además, en el contexto de la disrupción de la inteligencia artificial y el avance tecnológico acelerado. Se están gestando nuevos centros de poder económico, informático y geopolítico que desbordan los esquemas tradicionales de análisis.
Frente a dilemas contemporáneos —el choque entre soberanía y globalización tecnológica, la regulación de algoritmos, las disputas geopolíticas entre potencias o las visiones contrapuestas sobre el desarrollo industrial—, la clasificación entre aliados y adversarios se vuelve difusa. La validez de las posturas depende de variables técnicas de ritmo imponderable y de la capacidad de las instituciones para gestionar estas transformaciones sin vulnerar libertades ni derechos fundamentales.
México atraviesa por un periodo de marcada polarización. La retórica oficial y el debate público cotidiano incentivan la división ideológica, alejando a la sociedad del análisis de los problemas estructurales.
Por estas razones, la coyuntura demanda un periodismo de opinión fundamentado en el rigor, la verificación y la auditoría constante de los hechos. Antes de emitir consignas categóricas, el análisis de gobierno exige formular las preguntas metodológicas correctas, evaluar los datos con precisión de ingeniería y contrastar los discursos con los resultados reales del ejercicio del poder.
