El Gobierno, legisladores, empresarios, académicos y especialistas empujan un rediseño del Sistema Nacional Anticorrupción, de las auditorías y de la fiscalización para colocar el combate a la impunidad como una prioridad.
El combate al huachicol fiscal y a las redes de facturación falsa se perfila como la puerta de entrada a la mayor reingeniería institucional contra la corrupción que ha planteado el oficialismo desde hace ocho años, cuando llegó al poder. Como ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de las negociaciones, detrás de esa ofensiva se delinea un paquete de reformas constitucionales y legales que pretende ir mucho más allá del endurecimiento de las sanciones penales: busca desmontar el actual Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconstruir el esquema de auditorías y fiscalización, fortalecer las capacidades del Estado para perseguir el desvío de recursos públicos y establecer una coordinación obligatoria entre las principales instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La iniciativa, que distintos actores pretenden colocar como una de las prioridades del próximo periodo ordinario de sesiones junto con el paquete económico de 2027, tiene el aval del Gobierno, así como de un sector de legisladores de Morena. En la lista también están empresarios, universidades, académicos y centros de investigación como El Colegio de México, la UNAM y el CIDE, de acuerdo a fuentes cercanas al proceso. El proyecto es del interés de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en los últimos días ha dado señales públicas de que prepara un nuevo andamiaje legal para fortalecer la política anticorrupción.
La mandataria confirmó el martes que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro; la Auditoría Superior de la Federación, de Aureliano Hernández, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo la dirección del magistrado José Ramón Amieva, trabajan en modificaciones legales que deberán coincidir en una propuesta conjunta. Anunció, además, un decreto para reforzar las obligaciones de transparencia del Gobierno federal para que ninguna autoridad pueda reservar información bajo criterios discrecionales, salvo por razones judiciales o de seguridad nacional. Buenrostro dará más detalles este viernes en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Detrás del anuncio institucional existe una discusión mucho más profunda y de larga data. “Estamos obligados a que en el próximo periodo de sesiones las dos columnas vertebrales sean el paquete económico y un paquete de cambios legales y constitucionales que nos lleven a radicalizar la lucha contra la corrupción y la impunidad”, ha dicho Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Detrás hay un trabajo de meses que se encuentra en la recta final.
