Gerardo Vargas y excolaboradores municipales de Ahome enfrentarán audiencia este lunes por presunto arrendamiento irregular de patrullas con valor superior a los 171 millones de pesos.
Culiacán, Sinaloa, 5 de mayo de 2025.- Este lunes a las 11:00 horas se celebrará la audiencia inicial para la formulación de imputación contra Gerardo Vargas Landeros, Genaro García Castro y otros exfuncionarios del Ayuntamiento de Ahome, acusados de su probable participación en el arrendamiento irregular de patrullas durante su gestión.
La comparecencia se realizará en la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Centro, en la ciudad de Culiacán, donde el Juez de Control escuchará los señalamientos por los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público, derivados de la renta de 126 unidades por un monto de 171 millones 451 mil 932 pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), las irregularidades fueron detectadas en el procedimiento de adjudicación directa realizado en 2021, cuando Vargas fungía como alcalde, García Castro como secretario del Ayuntamiento y Julio César Romanillo como secretario de Seguridad Pública.
El contrato fue firmado por los tres funcionarios, y autorizado por el Comité de Adquisiciones del municipio, conformado por siete integrantes que también han sido citados para comparecer.
En una sesión privada realizada el pasado 2 de mayo, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el retiro del fuero a Vargas Landeros y García Castro, permitiendo que enfrenten el proceso como ciudadanos. Esta acción da continuidad a la denuncia penal presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras el informe de la ASE.
En declaraciones previas, Gerardo Vargas ha asegurado que se defenderá legalmente: “Voy con todo a defenderme y todo es todo”, afirmó ante los señalamientos.
La audiencia representa un paso clave en uno de los casos de presunta corrupción más relevantes en el municipio de Ahome en los últimos años, y forma parte de una serie de procesos que han marcado el actual sexenio en Sinaloa por su énfasis en la fiscalización de recursos públicos.
