La propuesta legislativa busca impedir que políticos con antecedentes de agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos puedan acceder a cargos públicos, fortaleciendo la credibilidad institucional.
Culiacán, Sinaloa, 20 de febrero de 2025.- Con el objetivo de frenar la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, Iniciativa Sinaloa presentó una propuesta legislativa que impediría a políticos con antecedentes de agresión ocupar cargos públicos. La iniciativa busca fortalecer la credibilidad y legitimidad de las instituciones en la entidad.
El documento propone modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con adiciones a la fracción VII del artículo 38 y la fracción XI del artículo 116 de la Constitución federal, así como un párrafo al artículo 11 y nuevas fracciones en el artículo 12 de la Constitución estatal.
Prohibición para agresores de periodistas
La propuesta establece que quienes hayan agredido de manera dolosa a periodistas o defensores de derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones públicas, perderán el derecho a ser votados para ocupar un cargo público.
«Bajo ninguna circunstancia podrá ser electo para un cargo público cualquier persona que, durante sus funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o defensores de derechos humanos por razón de su actividad (…). Se perderá el derecho a ser votado cuando el ciudadano, durante el ejercicio de funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o a personas defensoras de derechos humanos por razón de su actividad», plantea la iniciativa.
Un esfuerzo para frenar la impunidad
El proyecto fue previamente socializado con organizaciones y activistas de Sinaloa, quienes destacan la necesidad de reforzar la protección a periodistas en un estado donde el crimen organizado mantiene una presencia significativa y la violencia contra la prensa ha sido recurrente.
La organización considera que la iniciativa es clave para cerrar brechas de impunidad y establecer un entorno más seguro para quienes ejercen el periodismo. Además, se alinea con el fortalecimiento de la «Ley 3 de 3» a nivel nacional, que busca evitar que personas con antecedentes de violencia puedan ocupar cargos de elección popular.
«Esta reforma generará un marco preventivo que desincentive las agresiones hacia periodistas, al tiempo que fortalece la credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas en el estado y envía un mensaje claro de que el Estado no tolerará la impunidad ni la falta de ética en quienes aspiren a ejercer funciones públicas», afirmó Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.
La propuesta ahora deberá ser analizada en instancias legislativas para determinar su viabilidad y posible implementación.
