Representantes de la ONU investigan la construcción de la planta de amoniaco en Ohuira, mientras los comuneros luchan por preservar su territorio, incluido en la lista Ramsar desde 1986.
Ohuira, Sinaloa, 26 de noviembre de 2024.- En el marco de la lucha que los comuneros de la Bahía de Ohuira han mantenido por más de una década contra la construcción de la planta de amoniaco de GPO, este fin de semana llegaron a la región representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ACNUDH) para investigar el impacto de este proyecto en el territorio.
Desde que fue anunciada la planta durante el gobierno de Mario López Valdez, los habitantes de Ohuira se han opuesto al despojo de sus tierras, argumentando que la construcción pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también sus derechos como pueblos originarios. La Bahía de Ohuira, incluida en la lista Ramsar desde 1986, es considerada un humedal de importancia internacional, y su preservación debería ser una prioridad.
A pesar de estar respaldados por la Convención de Ramsar, que promueve el desarrollo sostenible y la protección de los humedales, los comuneros han enfrentado una serie de obstáculos: desde la falta de apoyo gubernamental hasta los intereses económicos de la empresa GPO, apoyada por los gobiernos municipales, estatales y federales. Incluso el poder judicial, que en ocasiones ha sido señalado de corrupción, ha fallado en favor de la empresa, desestimando las demandas de los pueblos indígenas y el respeto a los tratados internacionales.
La lucha por la preservación de Ohuira y su humedal no es solo una cuestión ambiental, sino también una defensa de los derechos históricos de los pueblos originarios que han sido históricamente desplazados por intereses ajenos a su bienestar. Mientras los gobiernos promueven la industrialización como motor de desarrollo, los opositores al proyecto señalan que existen alternativas, como el ecoturismo, que podrían generar empleo sin sacrificar el equilibrio ecológico.
