El IEES argumenta que aplicar la Ley de Revocación de Mandato de forma retroactiva violaría principios de legalidad y certeza jurídica, afectando los derechos de los votantes.
Culiacán, Sinaloa, 13 de noviembre de 2024.- Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolvió que la solicitud de consulta de revocación de mandato para el gobernador Rubén Rocha Moya es inaplicable, debido a que esta ley no estaba en vigor al momento de su elección, por lo que aplicarla ahora violaría los principios de legalidad y certeza jurídica.
El presidente del IEES, Arturo Fajardo Mejía, explicó que la Ley de Revocación de Mandato, aunque fundamental para una democracia, fue promulgada después de la elección de Rocha Moya, lo que hace que su aplicación a este caso sea inconstitucional, ya que esto supondría una retroactividad de la ley, lo cual es ilegal y afecta el marco legal vigente.
La consejera Judith López del Rincón se manifestó a favor de la responsabilidad ciudadana para exigir gobiernos de calidad, pero expresó que permitir una aplicación retroactiva de esta ley abriría la puerta a la inseguridad jurídica. En la misma línea, el consejero electoral Óscar Sánchez Félix indicó que promover la revocación de mandato en estas condiciones violaría el Artículo 14 constitucional, que resguarda la legalidad y la certeza en el ejercicio de derechos.
Por su parte, la consejera Gloria Icela García Cuadras recordó precedentes judiciales sobre la irretroactividad de las leyes, argumentando que aplicar esta normativa en el caso del gobernador sería una violación de esos principios fundamentales. El consejero Martín González Burgos, quien elogió la iniciativa ciudadana, señaló que el mandato del gobernador Rocha Moya comenzó bajo un marco legal sin la figura de revocación, por lo que aplicar esta ley sería inviable en el contexto actual.
Finalmente, el IEES resolvió que la solicitud no puede proceder debido a las limitaciones legales vigentes, ratificando así su compromiso con el respeto a los derechos y la estabilidad jurídica en el estado de Sinaloa.
