El Congreso de Sonora estudia sanciones económicas y penales para combatir el creciente huachicoleo de agua en el estado.
Hermosillo, 9 de octubre de 2024.- La intención de establecer sanciones para personas que realicen huachicoleos de agua en Sonora fue presentada en el Congreso del Estado, dado que se ha considerado una problemática en aumento en varios municipios. La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga del Partido del Trabajo fue quien presentó esta propuesta, la cual se basa en las quejas de autoridades estatales y municipales sobre la extracción y manejo del recurso hídrico por individuos que incurren en su comercialización.
Aunque no existen cifras precisas sobre el impacto económico de esta práctica en la entidad, es evidente que afecta el volumen de agua que entra en la red de drenaje, generando otros problemas relacionados. El abastecimiento de agua en ocasiones puede ser resuelto mediante la dotación del líquido en pipas.
“Buscamos elevar a rango penal todo lo que es el huachicoleo o robo de agua para quienes tienen fines lucrativos. Hemos tenido acercamientos con representantes de organismos operadores de agua, quienes han informado sobre personas que suministran el recurso sin pagar por ello”, afirmó la legisladora.
El proyecto de decreto contempla que se impongan sanciones económicas y penales a quienes sean sorprendidos realizando estos actos ilegales. Las sanciones podrían variar desde cinco meses hasta cinco años de prisión, así como multas que van desde las 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), alrededor de 10 mil 857 pesos, hasta las 500 UMAs, equivalentes a 54 mil 285 pesos, aplicadas por la autoridad correspondiente.
Se planean parlamentos abiertos con las autoridades relacionadas para considerar propuestas que ayuden a optimizar el abordaje de esta problemática, que también afecta a Hermosillo y otras ciudades. La diputada Gómez Lizárraga ejemplificó la situación en Guaymas, donde hay personas que venden agua, como piperos, sin pagar por el servicio, lo que provoca sobrecarga en los sistemas de drenaje. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, así como a la de Agua para su análisis.
