La presidenta de la JUCOPO en el Congreso de Sinaloa señala ilegalidad en el nombramiento del actual encargado de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Culiacán, Sinaloa, 06-octubre-2024. Tras la separación de Robespierre Lizárraga Otero como encargado del despacho de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, afirmó que las autoridades universitarias están obligadas a iniciar el proceso de elección de un nuevo rector, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la UAS.
Guerra Ochoa explicó que la ley vigente establece que el proceso de elección debe realizarse mediante voto libre, secreto y directo de la comunidad universitaria. Al analizar dicha normativa, indicó que el nombramiento de Candelario Ortiz Bueno como nuevo encargado del despacho carece de legalidad, debido a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la institución:
«Las faltas temporales del rector titular que no excedan de 40 días hábiles serán cubiertas por el Secretario General de la institución, las mayores a dicho término pero menores de 80 días hábiles, por un rector interino, y si las faltas exceden este último término se convocará a un nuevo proceso de elección.»
La legisladora subrayó que Lizárraga Otero había sobrepasado los términos de temporalidad establecidos, ya que ocupó el cargo por más de un año, sin convocar a elecciones, lo que infringe la normativa vigente. Además, Guerra Ochoa precisó que ni Lizárraga ni Ortiz Bueno tienen el sustento jurídico para tomar decisiones administrativas, como nombrar a un encargado del despacho, ya que no fueron electos conforme a la ley.
El artículo 36 de la Ley Orgánica de la UAS obliga a las autoridades universitarias a organizar el proceso de elección del rector a través de una Comisión de Elecciones y Consultas designada por el Consejo Universitario.
Guerra Ochoa hizo un llamado a las autoridades universitarias para no violar la ley ni los derechos de la comunidad estudiantil y docente. Asimismo, señaló que cualquier paro de labores debe ser convocado por una autoridad legítima y no por funcionarios ilegítimos, ya que ello atenta contra la normativa interna de la universidad y afecta a toda la sociedad.
Finalmente, la diputada aseguró que el Congreso del Estado de Sinaloa mantendrá un canal de comunicación abierto para garantizar que el ejercicio de los derechos de los estudiantes y trabajadores universitarios no sea obstaculizado.
