La inseguridad en la región obliga a medidas extraordinarias para restaurar el orden.
La implementación del Mando Único Policial en los municipios de Benito Juárez, General Plutarco Elías Calles (Sonoyta) y Huatabampo dejará fuera de sus operaciones regulares a al menos 140 oficiales municipales. Esta decisión responde a un creciente clima de violencia e inseguridad que se ha intensificado en estas zonas de Sonora en los últimos años.
De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, un documento publicado el 22 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado establece que se ha identificado una debilidad institucional en las corporaciones locales, especialmente frente a la amenaza de grupos de delincuencia organizada. La ubicación geográfica de Sonora, que colinda con Estados Unidos, ha agravado la situación, colocando a estos municipios en riesgo.
Aunque otros municipios como Cajeme y Caborca presentan un mayor registro de homicidios y agresiones armadas, no fueron considerados para esta medida. La implementación del Mando Único ya se estaba llevando a cabo en San Luis Río Colorado desde julio de 2024.
El decreto menciona que desde 2023 se ha incrementado la inseguridad en los municipios recién incorporados, incluyendo homicidios, privaciones ilegales de la libertad, hallazgos de cuerpos sin vida con signos de violencia y agresiones a ciudadanos y servidores públicos. Krimilda Bernal Hoyos, titular del Observatorio Sonora por la Seguridad, subrayó que esta medida puede ayudar a paliar la falta de elementos en la Policía Municipal, que se enfrenta a la creciente presencia del crimen organizado.
Bernal Hoyos destacó que, si bien habrá una mejor capacitación y equipamiento para los oficiales, la comunidad podría ver esta centralización como una amenaza. “Es esencial que los oficiales cuenten con los estándares necesarios para garantizar la tranquilidad de la población. La compleja situación de estos municipios requiere atención a largo plazo,” puntualizó.
Con el Mando Único, las funciones de seguridad pública y la policía preventiva municipal estarán bajo el mando del gobernador de Sonora por un periodo de 365 días naturales, mientras que las instituciones municipales conservarán su estatus y subordinación original. Esta medida se implementa con la esperanza de restaurar el orden y la seguridad en una región que ha sido golpeada por la violencia.
