López Obrador se pronunció de forma tajante contra la mera posibilidad de que la Corte tantee siquiera una intervención de este tipo y dijo que iba en contra del Estado de Derecho. “Sería optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción”, afirmó. La reforma judicial, propuesta por el presidente desde febrero pasado, pretende que jueces, magistrados y ministros del Supremo sean electos por voto popular, crea un nuevo tribunal disciplinario y reduce el número de integrantes de la Corte.
La Jufed, que cuenta con más de 1.200 agremiados, argumenta que la amenaza a la independencia judicial amerita medidas excepcionales y afirma que la Corte tiene la última palabra para dirimir cualquier controversia e interpretar los artículos de la Constitución relativos al Poder Judicial, su conformación y atribuciones. La consulta de Piña a la Corte se turnó a Lenia Batres, la última ministra en ser nombrada por López Obrador y la principal defensora de la reforma judicial entre los ministros. Batres mostró su apoyo a estudiantes que se manifestaron el jueves a favor del proyecto afuera de la sede del Alto Tribunal, en respuesta a jóvenes de facultades de Derecho y trabajadores del Poder Judicial que se han movilizado para expresar su descontento.
La Suprema Corte suspendió actividades hasta el próximo lunes, después de esta semana nueve de cada 10 trabajadores votaran a favor de cesar sus labores. La Jufed se declaró en paro desde el pasado 21 de agosto e integrantes del Poder Judicial en más de una veintena de Estados se han sumado a las protestas en contra. Los manifestantes bloquearon la Cámara de Diputados, lo que obligó a que se buscara una sede alterna para concretar la aprobación, en una sesión caótica que inició la tarde del martes y culminó en la mañana del miércoles. También hubo bloqueos en el Senado y se han convocado a nuevas movilizaciones para este fin de semana, entre ellas una marcha a la sede de la Cámara alta el domingo.
La reforma judicial, la primera reforma constitucional de la legislatura que arrancó el pasado 1 de septiembre, ha supuesto un choque entre el oficialismo y la oposición, así como entre los poderes de la unión. Tras dos años de tensiones con el Poder Judicial, López Obrador pidió que fuera aprobada antes de que concluya su mandato el próximo 1 de octubre. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pidió blindar el proceso para evitar impugnaciones. Los partidos opositores, sin embargo, ya alistan los recursos para llevar el asunto a los tribunales y buscan mantenerse como un bloque cohesionado para frenar la aprobación en el Senado. La Suprema Corte decidirá el próximo lunes si mantendrá la suspensión de actividades y los pasos a seguir de la protesta.
