Culiacán, Sinaloa.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado se aprobó el dictamen de reformas y adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sinaloa presentadas por el diputado Sergio Mario Arredondo Salas para sancionar a los servidores públicos que omitan enterar las cuotas y aportaciones de los trabajadores ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
El ex gobernador de Sinaloa Mario López Valdez dejó al concluir su sexenio una deuda millonaria derivada de las retenciones de los burócratas estatales que no fueron enteradas al Ipes, recursos que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel empezó a cubrir en el prepuesto anual y ahora la administración estatal de Rubén Rocha Moya.
Las reformas y adiciones consolidan la armonización de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa con la Ley General de Responsabilidades en la Materia y, una segunda iniciativa que sanciona a los Servidores Públicos en la Omisión de enterar las cuotas y aportaciones ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
Con esta reforma señaló el legislador de la bancada del PRI se estará ampliando el catálogo de diversos supuestos para evitar incurrir en los delitos de cohecho, desvío de recursos, contratación indebida, simulación de acto jurídico y nepotismo.
Asimismo, la iniciativa relacionada a la omisión de enterar las cuotas y aportaciones, ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, en los términos que señalan los artículos 7 y 11 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, fue aprobada como “falta administrativa grave”.
“Con estas reformas y adiciones, toda aquella persona que desempeñe un cargo público teniendo claro la información y el conocimiento adquirido en el ejercicio de su función, no podrán ponerse al servicio y lucro de intereses particulares”, aseveró el congresista.
En su intervención, la legisladora del Partido Sinaloense, Elizabeth Chía Galaviz manifestó que ante los malos manejos alrededor de 14 mil burócratas de Sinaloa estuvieron en riesgo debido que el gobierno estatal dejó de entregar al Instituto las cuotas del fondo de jubilación que quincenalmente eran retenidas a los trabajadores, por lo que se padeció un quebranto financiero que puso en riesgo su operación, hasta hoy sin responsables directos.
