El exsecretario de Gobierno de Rocha Moya se negó a pedir licencia pese a las presiones internas y perderá la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, en medio de las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
Culiacán, Sinaloa. El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez quedará fuera de la bancada de MORENA en el Senado de la República, luego de negarse a solicitar licencia en medio de las investigaciones y señalamientos que lo vinculan con el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Según se dio a conocer por parte de MORENA, legisladores del partido acordaron apartar a Inzunza del grupo parlamentario, por lo que tendría que declararse senador sin bancada. Con ello perdería también espacios de poder interno, incluida la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las posiciones más relevantes que ocupaba dentro del Senado.
La decisión se tomó después de varios días de presión interna para que Inzunza pidiera licencia al cargo, como parte del intento de MORENA por contener el impacto político de los señalamientos contra funcionarios sinaloenses acusados por autoridades de Estados Unidos.
Un operador cercano a Rocha Moya
El caso tiene una lectura directa en Sinaloa. Inzunza no era un senador más dentro de MORENA: fue uno de los operadores más cercanos de Rubén Rocha Moya, primero como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y después como secretario general de Gobierno al inicio de la administración rochista.
En 2021 dejó el Poder Judicial para integrarse al gabinete de Rocha Moya como responsable de la política interna del estado. Desde esa posición se convirtió en una de las figuras centrales del gobierno estatal, encargado de procesar conflictos políticos, acompañar reformas y defender jurídicamente decisiones del Ejecutivo.
Su salida al Senado ocurrió en 2024, cuando fue electo por MORENA en fórmula con Imelda Castro Castro. Antes de la crisis actual, Inzunza era visto como uno de los perfiles con posibilidades dentro de la sucesión de Sinaloa rumbo a 2027, aunque posteriormente anunció que no competiría por la gubernatura y que permanecería en su escaño hasta 2030.
La acusación que cambió el escenario
El panorama cambió el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya, a Inzunza y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y protección a integrantes del Cártel de Sinaloa. En el caso de Inzunza, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identificó como senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. Las acusaciones forman parte de una causa más amplia contra presuntos vínculos de autoridades sinaloenses con la facción de Los Chapitos.
Desde entonces, la presencia política de Inzunza comenzó a reducirse. Aunque mantuvo el cargo de senador, su participación pública bajó y MORENA evitó colocarlo en espacios visibles de la Comisión Permanente, mientras crecían las presiones para que solicitara licencia.
Otro golpe al núcleo rochista
El nuevo movimiento de la bancada ocurre después de la breve reincorporación de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, su nueva solicitud de licencia y el nombramiento de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. En ese contexto, la salida de Inzunza del grupo parlamentario representa otro intento de MORENA por marcar distancia del núcleo rochista.
La decisión también tiene efectos en el mapa político local. Inzunza fue uno de los principales cuadros del rochismo con proyección nacional, por lo que su aislamiento legislativo debilita a uno de los operadores más importantes que acompañaron a Rocha desde el arranque de su administración.
Para MORENA, el caso abre un nuevo frente de control de daños: mientras en Sinaloa se intenta reorganizar el gobierno estatal tras la salida de Rocha, en el Senado la bancada busca reducir el costo político de mantener en su estructura interna a un legislador señalado por autoridades estadounidenses.
Hasta ahora, las acusaciones contra Inzunza constituyen imputaciones y no una sentencia. El senador mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme en su contra.
