Columna de opinión Río de Voces
Mucho se ufana la clase política de los supuestos avances en los derechos de las mujeres. Se llena la boca hablando de paridad de género, de cuotas obligatorias y de la presencia histórica de féminas en los espacios de toma de decisiones. Nos imponen cuotas del 50% en las boletas y en los gabinetes, presumiendo una modernidad democrática que, en los hechos, resulta ser una fachada hueca.
Porque cuando se bajan los Kanape´s de los informes de gobierno y se apagan los reflectores de la demagogia, la realidad es otra muy distinta: en la política sinaloense, la maternidad sigue penalizándose en silencio.
Hablar de paridad desde la comodidad de una curul o de una oficina con clima es muy fácil. Lo verdaderamente complejo —y de lo que nadie se atreve a hablar— es de todo por lo que atraviesa una mujer cuando la tormenta del poder la arrastra estando embarazada o con un bebé recién nacido.
Lo viví en carne propia. Estar en el servicio público y ser parte de una administración atrapada en las pugnas de la alta política —donde el aparato estatal arremete sin piedad contra los liderazgos institucionales que no se someten— es un golpe demoledor. Pero cuando a esa persecución política, a la pérdida injusta del empleo y a la presión mediática feroz, se le suma el embarazo, el puerperio y los primeros meses de crianza de un hijo, la ecuación cambia por completo. Se convierte en una vivencia de sobrevivencia extrema que el sistema prefiere ignorar.
El cuerpo no entiende de “líneas políticas”
Mientras la cúpula del poder estatal gira “líneas” e instruye a fiscalías frías para desatar persecuciones judiciales, el cuerpo de una mujer gestante responde a leyes biológicas que ningún oficio político puede doblegar.
Cuando una mujer embarazada es sometida a un estrés crónico, el organismo activa de inmediato el sistema nervioso y dispara hormonas como el cortisol y la adrenalina. El ritmo cardíaco se acelera, la presión arterial se eleva peligrosamente y el flujo sanguíneo hacia el útero disminuye, limitando el oxígeno y los nutrientes esenciales para el feto.
Las consecuencias físicas de esta violencia institucional y política son graves y científicamente documentadas:
Desregulación hormonal: Se disparan los niveles de cortisol y la hormona liberadora de corticotropina.
Afecciones cardiovasculares: El riesgo de sufrir preeclampsia se multiplica ante el incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Impacto en el embarazo: El estrés severo eleva de forma alarmante la probabilidad de un parto prematuro antes de las 37 semanas, así como el riesgo de que los bebés nazcan con bajo peso.
Desarrollo fetal: El exceso de cortisol atraviesa la placenta, impactando directamente en el sistema nervioso del bebé en formación.
A todo esto se suman los malestares naturales agudizados por el terror de la incertidumbre: insomnio crónico, dolores de cabeza incapacitantes, náuseas desbordadas y una tormenta emocional donde la mente y las hormonas juegan en contra. ¿Quién sostiene el equilibrio emocional de una madre que debe separarse de su bebé recién nacido para acudir a citatorios de una fiscalía obediente a consignas políticas? Ninguna ley contempla el costo emocional de esa ausencia forzada.
La fría complicidad del poder
Lo más indignante de esta tragedia cotidiana no es solo la cerrazón de los hombres que históricamente han mandado, sino la frialdad de las propias mujeres que detentan el poder.
Duele profundamente ver cómo diputadas, legisladoras locales, alcaldesas, magistradas y fiscales —quienes se ostentan como abanderadas del género y que, por pura lógica biológica, también son madres y han pasado por los dolores del parto y el puerperio— guardan un silencio cómplice. Desde sus cómodas posiciones, con sueldos presupuestados y protección institucional, voltean la mirada hacia otro lado. Han adoptado los mismos vicios de un sistema insensible, priorizando la lealtad a los jefes políticos antes que la solidaridad genuina con las mujeres de su propia trinchera.
En los cabildos de Sinaloa, en el Congreso del Estado y en las leyes orgánicas de la administración pública, la maternidad sigue siendo un estorbo invisible. No existen permisos dignos, no hay protocolos de protección ante la persecución institucional de embarazadas, ni existe una red de apoyo legal o institucional que frene el uso del aparato de justicia como garrote político contra las familias y los hijos.
La verdadera fuerza está en la trinchera
La paridad en Sinaloa no puede seguir siendo un cascarón legal que solo sirve para la foto oficial y los discursos de 8 de marzo. La verdadera justicia social no es un eslogan de campaña; es garantizar que una mujer pueda ejercer su vocación pública o profesional sin tener que poner en riesgo su salud, la de sus hijos o la estabilidad emocional de su hogar.
Hoy alzo la voz desde la orilla de esta experiencia dolorosa, no para victimizarme, sino para sacudir conciencias. La verdadera fortaleza de nuestra sociedad no reside en los grandes eventos de los potentados del día, sino en la valentía silenciosa con la que las mujeres comunes —y las que estamos en la vida pública— enfrentamos el día a día.
Es hora de quitarle el maquillaje a la paridad sinaloense y exigir leyes que verdaderamente protejan a la mujer en su etapa más vulnerable. Porque gobernar sin humanidad, persiguiendo embarazos y lacerando infancias, no es política: es simplemente crueldad institucional.
