Cadena perpetua para “El Mayo” y el terremoto político entre México y EE. UU.
La condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada en Brooklyn desata una guerra de declaraciones entre la DEA y la Presidencia de México. Mientras la agencia estadounidense advierte que irá por funcionarios corruptos, el gobierno mexicano exige limpiar la casa y cuestiona las contradicciones sobre su captura.
A casi dos años de su captura en Culiacán —orquestada mediante el engaño de Joaquín Guzmán López—, un tribunal federal de Nueva York cerró definitivamente uno de los capítulos más oscuros del narcotráfico transnacional.
El juez Brian Cogan dictó sentencia de cadena perpetua en contra de Ismael Zambada García, de 76 años, además de ordenar la confiscación de 15 mil millones de dólares.
El fallo judicial se fundamentó en un acuerdo de culpabilidad donde el histórico capo admitió los cargos de dirección de una empresa criminal ininterrumpida desde 1989 hasta 2024, lavado de dinero y homicidio, librando con ello la pena de muerte.
Al escuchar el veredicto en silencio y sin mostrar reacción, el sinaloense declinó ir a juicio, emitió una disculpa a sus víctimas y dejó una confesión lapidaria sobre el entramado que le permitió operar durante medio siglo:
“La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente.” dijo el “Mayo”.
La advertencia de la DEA y la respuesta de Palacio Nacional
Lejos de disiparse con la lectura de la sentencia, la resolución judicial dinamitó el escenario político bilateral. Terrance Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), lanzó una advertencia frontal al señalar que los esfuerzos de la agencia no se detendrán en los grandes capos, sino que irán tras todos los “funcionarios gubernamentales corruptos” que los protegen, sin importar cuán poderosos sean.
La reacción del gobierno mexicano no tardó en manifestarse. Desde Palacio Nacional, la presidenta de la República reviró con firmeza exigiendo a las autoridades estadounidenses limpiar primero su propia casa y enfocar su trabajo en su territorio, recordando antecedentes de corrupción interna en agencias extranjeras y poniendo sobre la mesa las persistentes contradicciones oficiales en torno al operativo de entrega de Zambada en julio de 2024.
El espejismo financiero y la cacería de cuello blanco
Uno de los puntos más complejos que deja el juicio es la orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, una cifra que se extiende legalmente sobre los bienes heredables de sus dieciséis hijos. Sin embargo, los expertos advierten que la realidad operativa chocará severamente con la burocracia transnacional.
Al igual que ocurrió tras la sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019 —cuyo decomiso por 12 mil 600 millones de dólares jamás se tradujo en la recuperación de un solo peso para las arcas estadounidenses—, el verdadero imperio financiero de Zambada late en México y en estructuras corporativas complejas. Para Washington, el desafío ya no consiste en buscar efectivo en la sierra, sino en desarticular la red de cuello blanco: empresarios, prestanombres, lavadores de activos y la clase política coludida.
