Culiacán, Sin.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció este jueves un fenómeno “alarmante” dentro del sistema judicial mexicano: en lo que va de 2024 y parte de 2025 se han emitido 193 resoluciones judiciales que han favorecido a presuntos delincuentes, muchas de ellas sin respetar los protocolos mínimos de seguridad.
Durante su intervención en un informe de seguridad, García Harfuch detalló que dichas resoluciones incluyen 164 egresos por cambio de medida cautelar, dos liberaciones definitivas y 27 traslados penitenciarios irregulares. En varios de estos casos, los internos enfrentaban delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
“En el período comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales, que lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden.”, advirtió el secretario.
Uno de los jueces más señalados en este esquema es Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, quien ha emitido sentencias que han beneficiado a figuras vinculadas con el crimen organizado, como:
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Gerardo Ponce Alanís, presunto líder del Cártel del Pacífico, recientemente trasladado al penal estatal de Aguaruto, Sinaloa, donde esta semana se aseguraron armas, droga, dinero en efectivo y otros objetos prohibidos.
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Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, liberado en enero de 2023.
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Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, operador del Cártel del Golfo, exonerado en marzo de 2024.
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José Alfredo “N” y Eduardo Alejandro “N”, ambos con vínculos con el Cártel del Golfo, también beneficiados con medidas menos restrictivas.
Además, el funcionario federal identificó al juez Silvestre Peña Crespo como responsable de cinco traslados entre Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) de personas con antecedentes de delitos graves, sin considerar las recomendaciones de seguridad. También mencionó a los jueces Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, ambos de Sonora, como quienes encabezan la lista de cambios de medidas cautelares, con 58 y 15 resoluciones, respectivamente.
García Harfuch subrayó que estas decisiones han significado el regreso a las calles de más de un centenar de personas consideradas de alta peligrosidad, lo que representa un retroceso en los esfuerzos institucionales para contener la violencia.